Francia estudia ampliar su impuesto al azúcar a los procesados
La ministra de Sanidad Stéphanie Rist propone un gravamen progresivo sobre galletas, bollería y cereales en el presupuesto de 2027, una medida que la industria alimentaria ve como un golpe al consumo.

La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, propuso el 1 de octubre ampliar el impuesto a las bebidas azucaradas a los alimentos procesados, incluyendo galletas, bollería, dulces, cremas para untar y cereales de desayuno, con una escala progresiva ligada al contenido de azúcar.
La medida, planteada dentro del presupuesto francés de 2027, ampliaría un impuesto que grava las bebidas azucaradas desde 2012, actualmente fijado en 4,07 euros por hectolitro para bebidas con hasta 5 kg de azúcar añadido. Rist justificó la ampliación por el coste de tratar enfermedades ligadas a la dieta, más que como una simple medida recaudatoria.
Una escala progresiva para incentivar la reformulación
La obesidad, que provoca diabetes y enfermedades cardiovasculares, tiene un coste para la sociedad.
«La obesidad, que provoca diabetes y enfermedades cardiovasculares, tiene un coste para la sociedad y para la Seguridad Social», declaró Rist, presentando el impuesto como un incentivo para que los fabricantes reduzcan el azúcar, más que como un gravamen fijo sobre los alimentos dulces.
La escala progresiva gravaría más los productos a medida que aumenta su contenido de azúcar, siguiendo el modelo ya aplicado a las bebidas, donde las de menor contenido azucarado pagan la cuota más baja por hectolitro.
La industria alimentaria avisa de un aprieto para los hogares
ANIA, la patronal francesa de la alimentación, se opuso al plan y advirtió de que afectaría al poder adquisitivo de los consumidores franceses, en particular los hogares con menos ingresos, que compran una proporción mayor de alimentos procesados. La patronal aseguró que la medida se «sumaría a los 5.000 millones de euros en impuestos específicos que ya pesan sobre el sector agroalimentario», y alegó que las empresas «han llegado al límite de su resiliencia».
La propuesta deberá superar el trámite parlamentario dentro del proceso presupuestario de 2027, donde los impuestos al azúcar y a la alimentación han encontrado resistencia en años anteriores incluso cuando el ministerio de Sanidad los ha impulsado. Otros gobiernos europeos han tomado caminos distintos hacia el mismo objetivo: Japón optó por rebajar el impuesto sobre la comida de restaurante en lugar de subirlo, mientras que ciudades como Potsdam han gravado el envase en vez de los ingredientes.
De aprobarse, los fabricantes que venden en Francia tendrían que recalcular precios y, en algunos casos, reformular recetas antes de que el impuesto entre en vigor, un proceso que suele durar más que el propio debate político sobre si aplicarlo.


